Mexicali, B.C., jueves 22 de enero de 2026.- La diputada Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa para frenar prácticas laborales abusivas como el cierre repentino de empresas, la falta de pago reiterado de salarios y el acoso laboral, conductas que afectan la economía de cientos de familias en Baja California a manos de las llamadas empresas golondrinas.
En conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo, la legisladora explicó que la propuesta consiste en reformar el Código Penal del Estado para tipificar como delitos las malas prácticas patronales, tanto de personas físicas como morales, que vulneran derechos laborales y dejan en el desamparo a familias al cortar de manera abrupta sus fuentes de ingreso.
“Las y los trabajadores no pueden seguir siendo quienes paguen los platos rotos cuando una empresa desaparece de la noche a la mañana. El trabajo digno y el salario son derechos, no favores”, expresó la legisladora de Morena, al fijar su postura del lado de quienes dependen de su empleo para sostener a sus familias.
A través de la creación del capítulo “Delitos contra el Trabajo y la Previsión Social” en el Código Penal del Estado, la iniciativa establece sanciones penales claras contra empleadores que incumplan de manera dolosa con sus obligaciones laborales.
Entre los delitos contemplados se encuentran los relacionados con el incumplimiento salarial, con penas de tres meses a dos años de prisión para personas patronas que retrasen el pago de sueldos por más de veinte días, retengan salarios sin sustento legal o incumplan con el reparto de utilidades conforme a la ley.
En el paquete reformatorio impulsado por la diputada Sánchez Allende, conocido como “Ley Antigolondrina” por la comunidad trabajadora, se incluye también el castigo a empresas que cierren operaciones, cambien de domicilio o impidan el acceso a los centros laborales sin cubrir salarios, prestaciones o finiquitos. Para estas conductas se prevén penas de uno a seis años de prisión, al tratarse de un abandono empresarial deliberado.
Esta práctica, comúnmente denunciada por trabajadoras y trabajadores, busca que sea sancionada penalmente, ya que actualmente no está tipificada como delito y se atiende únicamente desde el ámbito laboral, lo que limita la posibilidad de una sanción efectiva.
A ello se suma la tipificación del acoso laboral como delito, estableciendo penas de seis meses a tres años de prisión para quienes ejerzan agresiones físicas, verbales o psicológicas con el objetivo de humillar, intimidar u hostigar a una persona trabajadora dentro de su entorno laboral.
La legisladora subrayó que del 2023 al 2025 se han identificado 25 empresas que cerraron sus puertas al personal que ahí laboraba, dejándolos sin indemnizaciones, salarios, antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y utilidades.
La iniciativa fue construida a partir de un proceso de diálogo amplio que incluyó el foro público “Bienestar y Justicia para todas las personas trabajadoras”, realizado en octubre de 2024, donde se desarrollaron mesas de trabajo con la participación de ciudadanía, autoridades judiciales, organismos empresariales, despachos jurídicos, academia y organizaciones de la sociedad civil.
De manera complementaria, se realizaron acercamientos con dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Poder Judicial, con el fin de fortalecer el proyecto desde una visión técnica e institucional.
Con esta propuesta, la diputada busca enviar un mensaje claro: en Baja California no debe haber espacio para empresas golondrinas ni para prácticas que dejen en el olvido a quienes viven de su trabajo.
