Mexicali, B.C., martes 18 de agosto de 2026.- El diputado Danny Fidel Mogollón Pérez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Playas de Rosarito y a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) a intervenir, dentro del ámbito de sus atribuciones, en la problemática denunciada por residentes.
Con estas acciones, cerca de 400 familias de los fraccionamientos Mar de Puerto Nuevo I, II y III, en Playas de Rosarito, podrían avanzar hacia la certeza jurídica de su patrimonio y la regularización de sus viviendas, mediante la revisión de los permisos, expedientes y obligaciones relacionadas con estos desarrollos habitacionales.
De acuerdo con lo expuesto por el legislador, habitantes de esta zona han señalado durante años diversas inconsistencias relacionadas con los predios adquiridos a Inmobiliaria Grupo LAGSA, entre ellas se encuentran la falta de escrituración individual y de la entrega formal de los fraccionamientos al Ayuntamiento.
Los residentes sostienen que, pese a haber concluido el pago de sus terrenos, no han podido obtener las escrituras que los acrediten legalmente como propietarios, debido a que los lotes fueron utilizados por la inmobiliaria como garantía hipotecaria de un crédito que, según los propios afectados, permanece pendiente de liquidación.
Mogollón Pérez indicó que la falta de conclusión del proceso de entrega-recepción también obstaculiza la municipalización y regularización de los desarrollos, situación que limita el acceso formal de sus habitantes a servicios públicos básicos como agua potable, drenaje, alumbrado y recolección de basura.
El primer punto del exhorto solicita a la alcaldesa de Playas de Rosarito, María del Rocío Adame Muñoz, que se realice una inspección técnica y un análisis administrativo sobre el estado actual de los tres fraccionamientos y que se informe al Poder Legislativo sobre las medidas y procedimientos legales aplicados ante la falta de entrega oficial de las obras por parte de Inmobiliaria Grupo LAGSA.
Asimismo, se exhorta al titular de SIDURT, Arturo Espinoza Jaramillo, para que, dentro de sus atribuciones legales, coadyuve en la revisión del expediente técnico-urbano de Mar de Puerto Nuevo I, II y III, analice las responsabilidades de la empresa promotora y garantice mecanismos institucionales que conduzcan a una solución para los derechos de los residentes afectados.
El legislador señaló que la intervención coordinada de las autoridades busca esclarecer el estatus legal de los permisos de urbanización, verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y deslindar, en su caso, las responsabilidades administrativas o legales correspondientes, con el objetivo de brindar certeza jurídica y patrimonial a las familias afectadas.
