Mexicali, B.C., jueves 20 de agosto de 2026.– El diputado Bryan Manuel Castillo Trinidad, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, en materia de protección y bienestar de los binomios caninos al servicio de las instituciones de seguridad pública.
“Un binomio canino está formado por un can de trabajo especializado y su guía humano, ambos entrenados y certificados para funciones de detección, búsqueda y rescate, patrullaje y otras tareas que exponen al animal a los mismos riesgos que enfrenta el personal policial”, señaló el congresista en su exposición de motivos.
La primera de su pretensión es robustecer el artículo 342 del Código Penal y adicionar el artículo 342 Septies, creando un tipo penal autónomo aplicable a quien interfiera, hostigue, lesione o prive de la vida a un binomio canino en funciones.
Este nuevo marco contempla penas superiores al maltrato animal genérico y la obligación de cubrir los gastos veterinarios, de reposición y de adiestramiento erogados por la institución afectada. No se trata de sustituir la protección ya existente, sino de actualizarla y darle un marco específico que reconozca la importancia de estos animales en operaciones de seguridad.
La segunda parte prevé adicionar un capítulo denominado “De los Binomios Caninos” a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, con disposiciones sobre bienestar, atención veterinaria periódica, transporte seguro, retiro digno y presupuesto etiquetado. En este apartado se establece que, al momento del retiro, el manejador humano tendrá prioridad para la adopción del can, garantizando continuidad en el vínculo y un entorno de cuidado.
Bryan Castillo indicó que actualmente Baja California no cuenta con un marco legal sistemático que regule la creación, operación y retiro de los binomios caninos, pese a que su formación implica hasta dieciocho meses de adiestramiento y una inversión pública considerable. “La iniciativa busca reconocerlos como parte esencial de la seguridad pública y garantizar que su servicio se desarrolle en condiciones de bienestar y respeto”, mencionó.
La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia, instancia encargada de su estudio y análisis.
