Mexicali, B.C., jueves 20 de noviembre de 2025.- Aunque existen políticas institucionales de igualdad de género y derechos humanos, no se cuenta con un marco jurídico específico dentro de la Ley de Salud, que obligue a implementar y evaluar programas permanentes de prevención, atención y erradicación de la violencia en entornos laborales y formativos del personal médico.
Indudablemente, la ausencia de este mandato legal, según dijo la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, provoca una falta de uniformidad en la respuesta institucional, así como la inexistencia de mecanismos integrales de acompañamiento psicológico, jurídico y social para el personal médico afectado.
Por lo tanto, indicó que como legisladora, le parece indispensable establecer de manera explícita en la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California las responsabilidades de la Secretaría de Salud, motivo por el que presentó una iniciativa de adición a esta Ley.
La medida, no solo fortalece la protección de los derechos humanos del personal de salud, también mejoraría el clima institucional y garantizaría un servicio médico de calidad, ético y humanista.
Dignificar la labor de los médicos residentes, no es un gesto caritativo ni una medida populista, es un acto de justicia social y una inversión estratégica en el capital humano más valioso del sistema de salud.
Montse Murillo expuso que es una responsabilidad colectiva, como legisladores, como sociedad, institución y gobierno, asegurar que estos pilares de nuestro sistema de salud, no se quiebren.
“Ya basta del modelo tradicional de formación médica caracterizado por la jerarquía tóxica, la humillación y el agotamiento extremo, es una falacia peligrosa creer que la excelencia clínica requiere un ambiente hostil; por el contrario, socava la resiliencia, la empatía y la capacidad de juicio crítico de los futuros médicos”.
