Mexicali, B.C., sábado 21 de noviembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y prevenir posibles situaciones de explotación en el sector turístico, el diputado Jesús Daniel Razo Córdova presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado de Baja California para establecer nuevos mecanismos de verificación en la prestación de servicios turísticos.

La propuesta contempla modificaciones a la legislación estatal, a fin de que las personas que viajen acompañadas por menores de edad acrediten mediante documentos oficiales el parentesco, la patria potestad, tutela o guarda y custodia que tengan sobre ellos, o en su caso, la mayoría de edad de la persona acompañada.

Baja California es una de las entidades con mayor actividad turística del país debido a su ubicación fronteriza, oferta gastronómica, médica, de negocios y de esparcimiento, situación que, advirtió, obliga a fortalecer las medidas de protección para evitar que la infraestructura turística pueda ser utilizada para la comisión de delitos en perjuicio de menores de edad.

"La protección de niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier consideración administrativa. Esta iniciativa busca dotar al sector turístico de herramientas preventivas que permitan detectar oportunamente situaciones de riesgo y contribuir a salvaguardar su integridad", afirmó.

Daniel Razo explicó que, la ley vigente ya contempla acciones de prevención y capacitación para prestadores de servicios de hospedaje, pero aún existen áreas de oportunidad particularmente ante el crecimiento de las reservaciones y contrataciones realizadas por medios electrónicos.

De acuerdo con la iniciativa los prestadores de servicios turísticos deberán aplicar protocolos preventivos para detectar posibles delitos contra niñas, niños y adolescentes, así como verificar previamente, de forma presencial o electrónica, el vínculo de quienes viajen acompañados por menores de edad para salvaguardar su integridad y protección.

Asimismo, la propuesta establece que, cuando no se acredite el vínculo con el menor de edad o la mayoría de edad de la persona acompañada, los prestadores de servicios turísticos deberán negar el servicio y notificar a las autoridades competentes sobre la posible comisión de un delito.

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