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MEXICALI, ENERO 4, 2025.- La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, con el objetivo de establecer como falta administrativa grave la omisión, simulación o dilación de la aplicación de los procedimientos administrativos, para sancionar a los servidores públicos responsables de ocasionar un daño patrimonial al ISSSTECALI por este concepto.
La inicialista indicó que, las afectaciones que esto genera son la que se le causa a los trabajadores y sus derechohabientes al restringir su derecho al acceso de los servicios de seguridad social y un perjuicio al patrimonio del Instituto, haciendo que su sistema de seguridad social se vea afectado en su otorgamiento por falta de recursos suficientes.
Subrayó que, como parte de lograr el debido funcionamiento del Sistema de Seguridad Social, la Ley de ISSSTECALI establece un mecanismo de aportaciones bipartitas de las cuotas a cargo del trabajador y de las aportaciones a cargo del Estado, Municipios y organismos públicos incorporados.
En ese sentido, con la Ley que Regula a los Trabajadores se garantizaba la viabilidad financiera del Instituto para hacer frente a sus obligaciones, estableciéndose entre otros aspectos, una obligación bipartita entre los trabajadores y el patrón para constituir los fondos para el otorgamiento de las prestaciones materia de seguridad social; y se definieron porcentajes de aportación a cargo de los trabajadores y patrones según al sector público al que pertenecen.
La diputada Alejandrina Corral, refirió que el problema que existe por la resistencia de las Autoridades Públicas Empleadoras de enterar dichas cuotas y aportaciones de forma oportuna a ISSSTECALI, aun cuando éstas fueron descontadas previamente al trabajador, trae consigo consecuencias pero que no concientizan a los entes públicos para el cumplimiento de sus obligaciones.
Expuso que el Gobierno del Estado puede accionar los procedimientos de cobro a su cargo requiriendo a los entes públicos deudores de millones de pesos por falta del entero de cuotas y aportaciones, además en su propuesta establece procurar la aplicación de las sanciones administrativas y penales a los servidores públicos que con su negligencia causan un perjuicio al patrimonio del Instituto.
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MEXICALI, ENERO 7, 2025.- Con el objeto de tipificar y sancionar de manera específica la sustracción ilícita de animales domésticos, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó iniciativa de reforma al artículo 342 SEXTIES del Código Penal, para responder a la creciente incidencia de este delito, que afecta tanto a los animales como a sus propietarios, y reforzando el compromiso con la protección de los seres vivos más vulnerables.
La propuesta tiene como objetivo incluir este acto en el marco penal, reconociéndolo como un delito autónomo, con sanciones proporcionales a su gravedad. Según la legisladora, la sustracción de animales domésticos no solo genera un profundo daño emocional a las familias afectadas, sino que también expone a las mascotas a condiciones de maltrato y crueldad, como peleas, reproducción forzada o comercio ilegal.
Numerosos estudios revelan un vínculo entre la violencia hacia los animales y comportamientos violentos hacia personas, señalando el maltrato animal como un posible indicador temprano de conductas antisociales y delictivas, lo que refuerza la necesidad de un enfoque preventivo.
Daylín García destacó que también se busca atender una de las principales preocupaciones de las organizaciones animalistas y de la ciudadanía en general, quienes han solicitado una respuesta contundente ante el incremento de estos actos.
Explicó que la importancia de esta reforma radica en que representa un paso fundamental para combatir el maltrato animal y fomentar una sociedad más empática y respetuosa. «Este tipo de delitos debe ser sancionado no solo como una estrategia pública para inhibir estas conductas, sino como parte de un manifiesto moral que valore el respeto hacia los animales y el entorno que compartimos», puntualizó.
La legisladora reiteró que fortalecer las leyes en materia de protección animal no solo beneficia a los animales, sino que también contribuye a la construcción de comunidades más seguras, al abordar problemas que pueden ser precursores de otros tipos de violencia interpersonal.
Actualmente el Código Penal del Estado, en su artículo 342, establece sanciones para los actos de maltrato y crueldad animal; sin embargo, no contempla de manera específica la sustracción ilícita de animales domésticos como un delito autónomo.
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